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05/08/2016 - 12:30

El deber de cuidado y la responsabilidad civil de la institución educativa

El tratamiento que deben dar las instituciones educativas a situaciones de violencia escolar, de bullying, de sexting y de grooming

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José Guillermo Martínez Rojas
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En algunas ocasiones, las autoridades y docentes de las instituciones educativas, privadas u oficiales, desconocen las responsabilidades legales que tienen con sus estudiantes. Frecuentemente, dichas obligaciones se reducen a prestar un servicio educativo; así mismo, los padres de familia se limitan a hacer el seguimiento a los asuntos académicos, y en el caso de los privados, a pagar los costos de dicho servicio. Sin embargo, tanto en el contexto internacional, como en el nacional, se ha avanzado significativamente en esta materia, de tal manera que las relaciones que se establecen entre los colegios y los estudiantes, suceden en un contexto legal cuyo conocimiento es necesario profundizar. De esta manera, debe existir un vínculo estrecho en donde la institución, sus directivos y docentes, se conviertan en garantes de cuidado de la integridad física y emocional de las niñas, niños y jóvenes.

 

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Es así como la obligación de ser garantes de cuidado, propia de las instituciones educativas, se concreta en una categoría conocida en la jurisprudencia colombiana como deber de cuidado que no es otra que la obligación que tiene la institución educativa de proteger la integridad física, emocional y moral de los estudiantes que se hallan matriculados o en condición de asistentes en ella y que se materializa en: disponer de profesionales idóneos para la atención y formación de los estudiantes; tomar decisiones siempre teniendo como referencia el cuidado y la protección de los menores de edad y de los adolescentes; establecer procedimientos, procesos y acciones, en sus actuaciones ordinarias y extraordinarias, siempre conducentes a garantizar su integridad física, emocional y moral; y velar por el ejercicio idóneo, profesional y cuidadoso de todas las acciones y actividades formativas, que se emprendan en la institución, para que bajo ninguna circunstancia, pongan en riesgo la integridad de los estudiantes.

 

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El deber de cuidado es también una responsabilidad permanente, tanto en la ejecución de las actividades ordinarias (educativas, académicas, recreativas y deportivas), como en las extraordinarias o situaciones de emergencia que se puedan presentar y a las cuales puedan estar expuestos los estudiantes.

 

El deber de cuidado se deduce de lo definido en el Artículo 2347 del Código Civil Colombiano, cuando establece que toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Precisando el alcance del concepto deber de cuidado, el Consejo de Estado afirma que éste tiene su fundamento en la protección que debe brindarle la institución educativa a sus alumnos, no sólo en los daños que pueda causarse a sí mismo, sino también del daño que pueda ocasionar a los demás.

 

No obstante, también se afirma que dicha responsabilidad cesa en los siguientes casos:

 

a) Cuando los daños sean causados por situaciones de fuerza mayor o fortuitas que superen el manejo y el cuidado que la institución haya previsto.

b) Cuando los profesores o personal de apoyo que estén cuidando a los menores de edad, hayan actuado con total y absoluta diligencia, lo que se debe demostrar.

c) Cuando el daño hubiese sido causado por culpa exclusiva del estudiante, lo que también se debe demostrar.

 

En muchos casos, el tratamiento que dan las instituciones educativas a situaciones de violencia escolar, de bullying, de sexting, de grooming, y a todo tipo de comportamientos y conductas que atentan contra la integridad física o emocional de un estudiante, se limita a la sanción del agresor o del responsable, o en el mejor escenario, a aplicar correctivos. Lo anterior, desconociendo que tanto sanciones como correctivos pueden distar mucho del cumplimiento del deber cuidado que les compete, puesto que pueden no ser adecuados a la hora de:

 

a) Crear las condiciones para que el estudiante objeto de tales conductas, sea protegido en su integridad física y emocional, una vez que se ha detectado la acción dañosa.

 

b) Atender de manera profesional a las víctimas de dichas conductas, para ayudarles a superar la situación de la cual ha sido objeto.

 

c) Tomar las medidas del caso para que sus compañeros, otros niños menores de edad, que también deben ser cuidados por la institución, no revictimicen al estudiante agredido o lo sigan agrediendo.

 

d) Crear las condiciones para que los estudiantes envueltos en estas situaciones reciban el apoyo, la atención y los soportes del caso, para que su conducta y comportamiento sea regulado y redireccionado de tal manera, que no se siga presentando la situación de acoso en contra de ningún estudiante.

 

e) Crear las condiciones, para que los padres de familia de los menores involucrados en esta situación, asuman los costos y la responsabilidad civil a la que haya lugar, por los daños causados por sus hijos, que son menores de edad, tal como lo contempla la normatividad legal vigente del estado colombiano.

 

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En este sentido, los actuales avances en el campo del derecho, han llevado a los interesados en el tema de la responsabilidad civil a revisar los procedimientos administrativos que puedan generar posibles daños de los que posteriormente se derive ocasión a que haya posibles actuaciones de la justicia, en la perspectiva de buscar compensaciones económicas para resarcir dichos daños. En el campo educativo, especialmente en donde se hallan involucrados menores de edad, se pueden presentar situaciones que dejan secuelas y daños, muchas veces físicos, pero en todas, psicológicos que afectan de manera significativa a las víctimas, sin que las instituciones educativas hayan creado las condiciones necesarias para mitigar las mismas, o para compensar los daños producidos porparte de quien sea el responsable de las conductas. Es claro que una institución educativa que permite este tipo de comportamientos, no ha adelantado las estrategias para la protección integral de sus estudiantes, ni para que se les pueda restablecer los derechos a los menores a quienes les han sido violados.

 

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En este contexto, no se puede olvidar lo definido por la Ley 1098 de 2006 denominada Ley de Infancia y Adolescencia, en su Artículo 7, cuando afirma que: Artículo 7. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en todos los ámbitos de la vida de ellos. De igual manera, el Artículo 43 de la misma Ley 1098 de 2006, denominado: Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos afirma que: Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán:

 

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.

 

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los profesores.

 

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.

 

Es evidente que este artículo exige a toda institución educativa, una obligación ética que se debe concretar en sus prácticas formativas, y que se debe traducir en políticas, criterios y procedimientos que hagan posible el cumplimiento de estos tres numerales y que deben estar consignados en el Manual de Convivencia, de tal manera que se traduzcan en mecanismos, procedimientos y estrategias para proteger a los menores de edad ante todo tipo de maltrato, discriminación y agresión que pudiese presentarse en el contexto escolar.

 

Lea: La reforma del manual de convivencia -  Seis motivos por los cuales implementar el currículo para la paz -  Curso de Actualización: Reforma del Manual de Convivencia a la luz de la normatividad legal vigente

 

Con el objetivo de llevar esta política a la práctica, el legislativo y el ejecutivo, durante el año 2013, se dieron a la tarea de promulgar la Ley 1620 y el Decreto 1965, con el fin de crear un sistema que permita la prevención y la intervención, en caso de ser necesario, para abolir del contexto escolar toda práctica que revista violencia escolar, intimidación, discriminación, coerción frente a los derechos humanos, sexuales y reproductivos, desprecio y humillación, entre otras prácticas que se pudiesen dar, de tal manera que las instituciones, se encarguen no sólo de prevenir la ocurrencia de este tipo de comportamientos, sino también de intervenir y reorientar a los estudiantes cuando este tipo de comportamientos se presenten, además de promover buenas prácticas de convivencia, inclusión y respeto a la diferencia.

 

En este sentido, vale la pena preguntarse: ¿Cómo está nuestra institución educativa en relación a estos asuntos? ¿Cuáles son los procedimientos y las estrategias definidas por nuestra institución para garantizar el deber de cuidado de todos sus estudiantes? Si se presentase una demanda por responsabilidad civil, ¿podríamos probar que hemos obrado con absoluta diligencia en el campo de garantizar la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes?

 

 

 

Foto de: María Grazia Montagnari.  Tomada de: Flickr

 

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