Moneda

Síganos

Tu carrito

Tienes (0) productos $0
ANUNCIO
web_banner_1115x116_3.png

Informe del Defensor del Pueblo sobre Violencia Escolar

Magisterio
04/12/2018 - 09:30
0
Photo by MI PHAM on Unsplash

La violencia, execrable siempre y sea cual sea la razón que pretenda justificarla, tiene un grado mayor de perversidad cuando afecta a niños y jóvenes. Cualquier niño víctima o testigo de un acto violento no sólo padece las consecuencias inmediatas de éste, sino que además incorpora a su desarrollo personal una experiencia negativa de consecuencias impredecibles en el futuro.

Consulte aquí el informe-del-defensor-del-pueblo-1999.pdf

Si en algún ámbito –junto con la familia- los niños deben estar a salvo de los comportamientos y las actitudes violentas éste es sin duda alguna la escuela, a la que acuden no sólo para la mera adquisición de conocimientos sino también –como dice y exige la ley- para formarse en “el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia” (LODE, art. 2). Sobre esta idea elemental parece haber acuerdo y tanto en nuestro país como en los de nuestro entorno –incluida por fin Inglaterra, donde hasta fechas recientes se consideraba legítimo el castigo corporal como forma de disciplina escolarestán definitivamente desterrados del sistema educativo, al menos desde el punto de vista legal, cualesquiera correcciones contrarias a la integridad física o a la dignidad personal del alumno.

Pero no es la violencia física o psíquica ejercida por los adultos sobre los niños la única que puede ensombrecer el paso de éstos por la escuela. ¿Quién no recuerda a aquel compañero de colegio siempre zaherido por los demás e incapaz de sobreponerse? ¿Quién no fue actor, víctima o testigo de la cruel y sistemática exclusión de diversiones, juegos o tareas en las que los demás compañeros participaban? ¿Quién no recuerda a aquel “matón” del mismo curso o de otro superior al que más valía evitar, y en todo caso complacer, para no ser víctima de sus iras?

En el último cuarto de siglo ha sido creciente la preocupación social por los actos de violencia escolar, que en algunos casos han alcanzado una gravedad tan extraordinaria que les han hecho tristemente merecedores de un amplio protagonismo informativo. Como se detalla en el correspondiente apartado del informe que ahora se presenta, los países nórdicos, inicialmente, y luego los restantes de nuestro entorno europeo, han investigado primero e intervenido después en relación con el fenómeno de la violencia escolar, conscientes de que, en un contexto sociocultural cada vez más violento, lograr un ámbito
educativo ajeno a tal cáncer, donde la instrucción y la socialización de los alumnos se desarrollen en paz, es una premisa esencial para atisbar, al menos, un futuro mejor.
En una comparecencia de este Defensor del Pueblo ante la Comisión Mixta Congreso-Senado a la que da cuenta de sus actuaciones y en la que se presentaba algún informe anual, los Parlamentarios asistentes propusieron la realización de diversas investigaciones sobre temas de actualidad y, entre ellas, ésta relativa a la violencia escolar. A su preparación y realización ha orientado la Institución
buena parte de sus esfuerzos en este último período de tiempo, con el apoyo y ayuda externa que a continuación se refiere.

Aunque en un principio se pensó en una investigación más restringida que la finalmente realizada, acorde con las limitaciones de presupuesto y medios personales que afectan a la Institución, centrada tan sólo en algunos centros docentes representativos del conjunto de todos ellos, pronto se comprendió que incluso para un objetivo aparentemente tan poco ambicioso era necesario contar con una apreciable colaboración externa. Con el Comité Español de UNICEF tiene el Defensor del Pueblo suscrito un convenio de colaboración desde febrero de 1995 y se decidió recabar el apoyo de dicha entidad, que parecía
idónea tanto por el ámbito subjetivo y material de la investigación que se avecinaba, como por la positiva experiencia de su participación en otros trabajos anteriores iniciados por el Defensor del Pueblo.

Desde el primer momento el Comité Español de UNICEF mostró la mejor disposición para colaborar en la realización de un estudio sobre la violencia escolar en los centros educativos españoles, ofreciendo no sólo su apoyo económico sino la aportación de un equipo de expertos, habituales colaboradores de UNICEF, que con generosidad y dedicación han llevado a buen puerto esta tarea. Para instrumentar adecuadamente la colaboración entre el Comité Español de UNICEF y el Defensor del Pueblo se suscribió en el mes de diciembre del pasado año 1998 un Protocolo anexo al Convenio de Colaboración ya citado, y a partir de ese momento se iniciaron los trabajos preparatorios de la investigación incluida en el informe que ahora se presenta. Con el asesoramiento proporcionado por UNICEF y su grupo de expertos, se llegó la conclusión de que el mejor servicio que el Defensor del Pueblo podía prestar a la causa de la erradicación de la violencia escolar pasaba por la realización de un estudio de ámbito nacional sobre este fenómeno que permitiese tener un conocimiento detallado de la situación actual, con un triple objetivo:

En primer lugar, contribuir al proceso de concienciación y sensibilización contra la violencia escolar poniendo de manifiesto la incidencia real del problema en los centros docentes de nuestro país y alertando públicamente sobre la necesidad de atajarlo en cualquier estado que se encontrase. En segundo lugar, proporcionar a la comunidad educativa -especialmente a padres y profesores-, a las
Administraciones Públicas con competencias en la materia y a la comunidad científica próxima al sector (Psicólogos,Sociólogos, Pedagogos) una base objetiva y cierta a partir de la cual puedan definirse políticas, diseñarse estrategias y proponerse intervenciones y actuaciones concretas para erradicar la violencia escolar. En tercer y último lugar, aunque no por ello menos importante, para impulsar y facilitar futuras tareas de investigación en esta materia, tanto para completar y mejorar el conocimiento real del fenómeno de la violencia escolar en ámbitos determinados (por hábitats,
por edades, por género… etc.) como para evaluar las iniciativas e intervenciones que se emprendan, cotejando los datos ahora aportados con los que resulten de futuros estudios en los que se emplee la metodología y el instrumento de análisis aquí utilizado.

De entre los diversos fenómenos de violencia susceptibles de producirse en el ámbito escolar, se decidió centrar la atención de manera fundamental, aunque no exclusiva, en aquéllos que tienen por actores y víctimas a los propios alumnos, que son reiterados y no ocasionales y que rompen la simetría que debe existir en las relaciones entre iguales generando o favoreciendo procesos de victimización. Este tipo de violencia, que resulta estar presente de manera constante en nuestros centros escolares, suele ser mal conocida –cuando no ignorada- por los adultos, hasta el extremo de que sus formas menos intensas ( ciertos insultos, los motes ofensivos, la exclusión de juegos y tareas…) gozan, si no de aceptación social, sí de un grado de permisividad e indiferencia desconocedor de las negativas consecuencias que estas conductas pueden llegar a tener en quienes las realizan y las padecen, y de que en ellas está, probablemente, el germen de otras conductas antisociales posteriores.El informe que ahora se presenta incluye, además de la investigación sobre violencia entre iguales en el ámbito escolar que constituye su objeto central, una Parte I en la que, a título de antecedentes y con una finalidad puramente informativa, se describe, el estado de la cuestión en varios países de nuestro entorno, a fin de que pueda tenerse alguna referencia próxima con la que comparar nuestro estado actual y conocimiento de las líneas de actuación y formas de intervención con las que hasta ahora se ha enfrentado el problema. Asimismo, en esta parte del trabajo se analiza el marco normativo con el que nuestro sistema jurídico protege a los menores frente a la violencia, con especial referencia a la propiamente escolar, y se describen también las principales actuaciones de las Administraciones educativas y del Ministerio Fiscal en relación con este problema, según el relato que ellas mismas han aportado al Defensor del Pueblo cuando les ha sido solicitada información al respecto.

Conviene precisar que la elaboración de este Informe se inició en el mes de diciembre de 1998, cuando todavía el Ministerio de Educación y Cultura gestionaba ámbitos territoriales que en el presente son ya competencia de las Comunidades Autónomas correspondientes. El dato debe tenerse en cuenta porque explica que ciertas autoridades educativas no aparezcan mencionadas en el texto ni se haga referencia a sus actuaciones y, asimismo, porque tuvo influencia decisiva en la determinación de la muestra y en el análisis de los resultados de la investigación, donde se partió de la situación competencial Estado Comunidades Autónomas en materia de educación en niveles no universitarios existente en aquel momento.

ANUNCIO
copia_de_post_facebook_-_magisterio_1.png

Como se detalla pormenorizadamente en el apartado dedicado a la metodología de la investigación, la muestra sobre la que se realizó el trabajo de campo estuvo constituida por un total de 3.000 alumnos de educación secundaria obligatoria o niveles equivalentes, de 300 centros docentes públicos, privados y concertados de todo el territorio español y por los jefes de estudios de esos centros educativos. Se ha pretendido conocer la incidencia “real y actual” del fenómeno del maltrato entre iguales en el contexto educativo español, determinando la frecuencia e intensidad de los actos violentos que este maltrato conlleva, la tipología de los mismos, los lugares en los que se producen, el papel del profesorado en la detección y resolución del problema y las variables significativas de edad, género o tamaño del hábitat en que se ubiquen los centros docentes, entre otros aspectos, que pudieran tener incidencia en el mismo. La lectura de las Partes II y III de este informe, así como de los anexos, en los que se incluyen, además de las tablas y gráficos correspondientes a los resultados, los cuestionarios a través de los cuales se recabaron datos a alumnos y profesores, proporciona información detallada sobre los objetivos de la
investigación llevada a cabo.

La realidad que pone de manifiesto la investigación efectuada exige una perentoria llamada de atención a todos los participantes en el proceso educativo y a la sociedad en
general: en nuestros centros docentes se producen de manera constante y reiterada actitudes y comportamientos violentos, mayoritariamente entre los propios alumnos, que es preciso erradicar. El aula, los patios de recreo, los pasillos y los aseos, los alrededores del centro educativo… son, con una frecuencia indeseable, escenario habitual de episodios violentos en los que hay agresores, víctimas y testigos que en alguna medida, a veces muy intensa, quedan marcados por ellos con el consiguiente deterioro de su desarrollo personal y social.

Ciertamente, si tomamos como referencia a los países de nuestro entorno (siempre en la medida en que las comparaciones sean posibles y razonablemente
significativas), la situación actual en nuestros centros educativos no debe calificarse de alarmante; y esta afirmación tranquilizadora –que en modo alguno justificaría la desatención del problema- se fundamenta en las razones siguientes, que con mayor extensión se desarrollan en el apartado correspondiente a las conclusiones y recomendaciones de este informe.

Por un lado, porque la incidencia de episodios de maltrato entre iguales en los centros educativos españoles comparada con la que según diversos estudios se da en otros países es relativamente baja, especialmente en los tipos de maltrato de mayor gravedad. Por otro lado, porque el marco normativo, tanto en lo que se refiere a la prevención y sanción de conductas violentas contra menores en general y en el ámbito escolar en particular, como en lo que hace a las medidas correctoras de tipología esencialmente educativa y no represiva, parece adecuado en orden a posibilitar líneas de intervención que atajen el problema en el propio ámbito escolar. Por último, porque si bien con respuesta desigual y no sistemática, parece existir un grado de concienciación suficiente en las administraciones educativas respecto de este problema, lo que se manifiesta en las numerosas actuaciones orientadas a su resolución de las que han dado cuenta al Defensor del Pueblo en los informes que les han sido solicitados, actuaciones éstas que la Institución confía en que alcancen un mayor grado de eficacia y de sistematicidad a partir de los datos que aporta la investigación realizada.


Sin embargo, todo lo anterior, aun siendo cierto, no debiera llevarnos al error de valorar, ni siquiera de un modo moderadamente positivo, la situación actual del problema.
Un examen incluso superficial de los resultados de la investigación efectuada evidencia que la convivencia en nuestras escuelas todavía dista –y mucho- de aproximarse al
nivel mínimo exigible, que sería aquél en el que los episodios violentos entre los alumnos fueran, en el peor de los casos, esporádicos y ocasionales, inmediatamente detectados, colectivamente rechazados y finalmente resueltos como mejor procediese desde un punto de vista pedagógico y educativo a favor de quienes hubieran participado en ellos. Pero lo cierto es que en todos los centros educativos investigados se producen situaciones de maltrato, aunque la frecuencia disminuya notablemente en los casos de maltratos más graves. Y aunque la incidencia de casos –aunque no en todos los tipos de violencia- sea porcentualmente menor que la que se da en otros países de nuestro entorno, hay que poner todos los medios, en primer lugar, para que el deterioro convivencial no progrese y, en segundo lugar, para corregir
una situación en la que más del 30% de los alumnos encuestados declaran sufrir agresiones verbales con cierta frecuencia, de igual modo que cerca de un 9% sufre amenazas con la finalidad de meterle miedo y más de un 4% padece agresiones físicas directas.

Ni un solo acto de violencia en la escuela debe ser admisible. Ningún alumno debe sufrir maltrato alguno ni por parte de sus compañeros ni por parte de sus profesores. Y el logro de un objetivo tan elemental y quizás tan utópico como éste exige el permanente esfuerzo de quienes de cualquier modo participan en el proceso educativo y especialmente de aquéllos que lo sostienen, lo supervisan y lo aplican.

En este ánimo, y fundamentalmente orientadas a las administraciones educativas, al profesorado y en algún caso a otros agentes participantes en la educación, esta Institución se ha permitido, al hilo de las conclusiones que cabe extraer de los datos resultantes de la investigación realizada, formular algunas recomendaciones generales que no pretenden por esta vez instar la adopción de medidas concretas por parte de las autoridades o administraciones públicas destinatarias de las mismas, sino más bien señalar algunas pautas orientadoras o principios generales de actuación que, a juicio del Defensor del Pueblo, debieran ponerse en práctica, pretendiendo con ello tan sólo realizar una modesta contribución a la resolución de un problema que a todos nos afecta y en el que afortunadamente aún estamos a tiempo de incidir sin que haya alcanzado niveles de gravedad de los que pudiera ser difícil el retorno.

Tomado de Conflicto Escolar

Photo by MI PHAM on Unsplash